En las últimas semanas el equipo de gobierno de Castilla La Mancha ha anunciado la aprobación de una serie de medidas que conllevan cambios en la legislación actual vigente en lo referente a la producción de vinos en Castilla La Mancha. Se trata de la creación del Colegio Oficial de Enólogos de Castilla La Mancha y de la derogación de la Ley de la Vina y el Vino de Castilla La Mancha.
El pasado 28 de junio el Consejo de Gobierno regional daba el visto bueno al Proyecto de Ley para la creación del Colegio Oficial de Enólogos de Castilla La Mancha. Será el primero en nuestro país y nace gracias al empeño de la Asociación de Enólogos de Castilla La Mancha, que agrupa a unos 250 enólogos. Previsiblemente otras comunidades sigan el ejemplo de nuestra comunidad. Aunque la puesta en marcha de un Colegio Oficial no supondrá directamente una mejora de los procesos productivos, si lo hará indirectamente, pues permitirá incrementar la profesionalidad de los enólogos que trabajen en las bodegas de nuestra denominación de origen La Mancha.
En cuanto a la derogación de la Ley de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha, el gobierno regional ha comenzado a hacer los trámites para derogarla porque según aseguran, es más restrictiva que la ley nacional, lo que hace que las bodegas y los vinos de la región sean menos competitivos. En la actualidad, el sector vitivinícola en Castilla La Mancha se rige por la legislación comunitaria (Reglamentos), la cual es «interpretada» para toda España por la Ley de la Viña y el Vino (Ley estatal 24/2003) y posteriormente por la mencionada Ley regional (Ley regional 8/2003). Se trata de una interpretación «en cascada» de manera que las leyes nacionales y regionales solo pueden restringir aún más, nunca ser más permisivas. Desde éste punto de vista, parece razonable que la existencia de una Ley regional sea innecesaria. Y sería interesante que ésta medida se adoptara en otros ámbitos de actuación en las comunidades autónomas españolas, de manera que se eviten duplicidades innecesarias que en muchos casos suponen multiplicar por 17 los recursos empleados.
